El drama legal se intensifica: El Departamento de Justicia acaba de actuar para evitar que un cierto multimillonario tecnológico sea obligado a testificar en la corte. La demanda afirma que sobrepasó su autoridad al supuestamente ordenar el cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional durante su tiempo como asesor presidencial senior. El documento del DOJ argumenta en contra de obligar su testimonio en el caso. Este es otro capítulo en el escrutinio continuo sobre las figuras del sector privado que ejercen influencia en los procesos de toma de decisiones del gobierno.