La administración de EE. UU. ha implementado una nueva orden ejecutiva dirigida a la participación de inversores institucionales en el mercado de viviendas unifamiliares. La medida busca frenar la influencia de Wall Street en la adquisición de bienes raíces residenciales. Este cambio en la política podría redefinir las estrategias de asignación de capital, ya que los principales inversores tradicionalmente diversifican sus holdings en diferentes clases de activos. La restricción en la concentración de propiedades residenciales podría redirigir los flujos de inversión hacia mercados alternativos, impactando potencialmente en la dinámica general del mercado y en las estrategias de las carteras de los inversores.